Sin duda alguna es un momento complicado en el sector penitenciario de nuestro país. Una situación con agravantes que no ha mejorado en los últimos años, a pesar de los muchos esfuerzos realizados, sino que empeora considerablemente.

La masificación de reclusos en los centros españoles (aumento de casi el 50% desde los años 90), deja claro la urgente necesidad de creación de nuevos recursos penitenciarios además de la adecuación y mejora de los ya existentes, otro handicap con el que lucha este sector, pues casi la mitad de los centros de nuestro país sufren carencias graves en cuestiones estructurales o de suministros.

Se hace evidente también la necesidad de articular nuevos mecanismos de intervención social dentro de las cárceles, un trabajo intensificado y coordinado con los internos y una metodología que sobrepase burocracias obsoletas, buscando con eficacia un fin básico y constitucional como es la educación y reinserción de los presos de nuestros centros.

La falta de una capacidad presupuestaria preparada para afrontar las necesidades básicas de atención y rehabilitación de los internos, también es un elemento que condiciona negativamente el trabajo social dentro de las prisiones y pone en valor aún más si cabe, las acciones emprendidas por entidades sin ánimo de lucro.